Artículo 557del COIP (Código Orgánico Integral Penal) de Ecuador

(Incautación.- La o el juzgador a petición de la o el fiscal, podrá disponer la incautación de conformidad con las siguientes reglas:

1. Individualizará los bienes que serán objeto de la medida, para lo cual aportará la información de los registros públicos correspondientes que permitan determinar al bien incautado y sus características.

2. La o el juzgador dispondrá que el ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público asuma el depósito, custodia, enajenación, resguardo, control y correcta administración del bien incautado.

3. El ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público regulará la forma de administración, custodia, enajenación, producción y cuidado de los bienes incautados, a fin de garantizar su conservación y, en el caso de devolución, su entrega o compensación económica.

4. El ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público contará con el avalúo elaborado dentro de la investigación fiscal y realizará su propia determinación económica de los bienes, para efectos de gestionar su correcta administración, su enajenación anticipada, enajenación con la sentencia ejecutoriada o donación, para lo cual emitirá la regulación correspondiente.

5. En caso de sentencia ejecutoriada, los dineros comisados, instrumentos monetarios, documentos bancarios, financieros o comerciales que hayan sido negociados, los bienes enajenados o los frutos de la administración, pasarán a formar parte de un fondo que se administrará en cuenta especial. La entidad rectora de las finanzas públicas autorizará la creación de esta cuenta especial.

6. De los valores de la cuenta especial, el sesenta por ciento se abonará a la reparación integral ordenada en sentencia, un veinte por ciento se destinará para el fortalecimiento de la Policía Nacional para la prevención, control e investigación del delito, para las Fuerzas Armadas en su misión de defensa de la soberanía e integridad territorial y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria; y, un veinte por ciento se destinará a la entidad rectora de la política criminal. Los valores servirán planes de renovación o incremento de equipos de seguridad personal, logísticos, tecnológicos o para proyectos de inversión. En ningún caso, este fondo se invertirá en gasto corriente.

7. En caso de quiebra financiera fraudulenta de persona jurídica financiera con patrimonio negativo, el dinero obtenido del remate servirá para el pago de los derechos de las acreencias de la entidad. El producto íntegro de esta venta más sus intereses se devolverá a la persona procesada en el caso de que sea ratificada su inocencia.

8. La incautación se mantendrá vigente mientras no se cuente con una resolución definitiva.

9. En caso de que a la persona se le ratifique su inocencia, se le devolverá los bienes que están bajo administración temporal.

10. El ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público previa solicitud e informe de declaratoria de interés institucional de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria o el Cuerpo de Vigilancia Aduanera dispondrá la donación para uso en el cumplimiento de su función institucional, de bienes inmuebles, aeronaves o vehículos, que sean comisados, sin menoscabar los valores que deban abonarse a la reparación integral.

11. Una vez dictada sentencia condenatoria, todos los bienes inmuebles rurales con aptitud agraria que han sido incautados, serán transferidos directamente a la Autoridad Agraria Nacional para que sean redistribuidos de conformidad con la ley.

12. En caso de que hubiera transcurrido un año desde la suspensión del proceso por la falta de comparecencia del procesado al juicio, los bienes incautados podrán ser enajenados anticipadamente.